Que Significa Querella En Derecho

Que Significa Querella En Derecho
Definición de querella – La querella se recoge en los artículos 270 a 281 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se trata de un instrumento procesal que sirve para iniciar un proceso jurídico penal. La querella es un comunicado que se presenta ante el juez o tribunal competente en el que se notifican unos hechos que pueden ser delictivos.

  • Con este escrito se solicita la apertura de un procedimiento penal en el que el querellante será parte.
  • En otras palabras, la querella es la manifestación de la intención de ser parte acusadora en un proceso penal.
  • Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley.

También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281.

  • El relato de los hechos, incluyendo tiempo y lugar.
  • Identidad del querellante y del querellado.
  • Solicitud de apertura de diligencias de investigación.

¿Cuál es la diferencia entre una denuncia y una querella?

La denuncia es una mera declaración de conocimiento (pudiendo ser anónima); la querella además es una declaración de voluntad, muestras tu intención de personarte como acusación particular.

¿Qué significa que se querella?

La querella es la declaración escrita de una persona poniendo en conocimiento del Juez la concurrencia de unos hechos determinados que pueden constituir delito, El Juez será el encargado de decidir si admite o no la tramitación de la querella dependiendo de cada caso concreto.

¿Cuáles son los delitos que requieren querella?

¿Cuándo aplica una querella? – El artículo 74 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004) expresa los escenarios en los que se podrá presentar una querella. Además de la injuria y la calumnia, otros delitos que también ameritan una querella son, entre otros, lesiones personales, hurto simple, estafa o abuso de confianza,

¿Cuáles son los tipos de querella?

Tipos de querella – Es posible que te hayas preguntado cuántos tipos de querella existen. Hay 2 clases de querella:

  • Querella pública: se interpone por parte del Ministerio Fiscal a la hora de perseguir un delito público.
  • Querella privada: se interpone por la persona particular que ha sufrido un supuesto delito.

¿Quién puede presentar una querella?

¿Quiénes pueden querellarse? – Quienes pueden interponer una querella son los sujetos que se mencionan a continuación:

Todos los ciudadanos españoles. Todos los extranjeros,Los funcionarios del Ministerio Fiscal,

Así se desprende de los siguientes preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: Todos los ciudadanos españoles, hayan sido o no ofendidos por el delito, pueden querellarse, ejercitando la acción popular establecida en el artículo 101 de esta Ley. También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra sus personas o bienes o las personas o bienes de sus representados, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 280, si no estuvieren comprendidos en el último párrafo del 281.

¿Cuánto tiempo tengo para presentar una querella?

Los datos publicados tienen propósitos exclusivamente informativos. El Departamento Administrativo de la Función Pública no se hace responsable de la vigencia de la presente norma. Nos encontramos en un proceso permanente de actualización de los contenidos.

  1. LEY 1826 DE 2017 (Enero 12) Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado.
  2. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1°.
  3. Modifíquese el artículo 66 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 66.
  4. Titularidad y obligatoriedad.

El Estado, por intermedio de la Fiscalía General de la Nación, está obligado a ejercer la acción penal y a realizar la investigación de los hechos que revistan las características de una conducta punible, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.

No podrá, en consecuencia, suspender, interrumpir ni renunciar a la persecución penal, salvo en los casos que establezca la ley para aplicar el principio de oportunidad regulado dentro del marco de la política criminal del Estado, el cual estará sometido al control de legalidad por parte del juez de control de garantías.

Cuando se autorice la conversión de la acción penal pública a privada, y entre tanto esta perdure, la investigación y la acusación corresponderán al acusador privado en los términos de este código. ARTÍCULO 2°. Modifíquese el artículo 71 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 71.

Querellante legítimo. La querella únicamente puede ser presentada por la víctima de la conducta punible. Si esta fuere incapaz o persona jurídica, debe ser formulada por su representante legal. Si el querellante legítimo ha fallecido, podrán presentarla sus herederos. Cuando la víctima estuviere imposibilitada para formular la querella, o sea incapaz y carezca de representante legal, o este sea autor o partíci­pe de la conducta punible, puede presentarla el Defensor de Familia, el agente del Ministerio Público o los perjudicados directos.

El Procurador General de la Nación podrá formular querella cuando se afecte el interés público o colectivo. La intervención de un servidor público como representante de un menor incapaz, no impide que pueda conciliar o desistir. El juez tendrá especial cuidado de verificar que la causa de esta actuación o del acuer­do, se produzca en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.

  1. PARÁGRAFO.
  2. Cuando el delito de hurto, no haya sido puesto en conoci­miento de la Administración de Justicia por el querellante legítimo, por encontrarse en imposibilidad física o mental para interponer la querella, esta podrá ser instaurada dentro del término legal, por el miembro de la Policía Nacional, que en el ejercicio de la actividad de policía, ten­ga conocimiento del hecho.

En estos casos, la víctima de la conducta seguirá siendo querellante legítimo y el único facultado para ejercer la acusación privada. ARTÍCULO 3°. Modifíquese el artículo 72 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 72. Extensión de la querella.

La querella se extiende de derecho contra todos los que hubieren participado en la conducta punible. ARTÍCULO 4°. Modifíquese el artículo 73 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 73. Caducidad de la querella. La querella debe presentarse dentro de los seis (6) meses siguientes a la comisión de la conducta pu­nible.

No obstante, cuando el querellante legítimo por razones de fuerza mayor o caso fortuito acreditados no hubiere tenido conocimiento de su ocurrencia, el término se contará a partir del momento en que aquellos desaparezcan, sin que en este caso sea superior a seis (6) meses.

ARTÍCULO 5°. Modifíquese el artículo 74 de la Ley 906 de 2004, mo­dificado por el artículo 108 de la Ley 1453 de 2011, el cual quedará así: ARTÍCULO 74. Conductas punibles que requieren querella. Para ini­ciar la acción penal será necesario querella en las siguientes conductas punibles: 1. Aquellas que de conformidad con el Código Penal no tienen señalada pena privativa de la libertad, con excepción de: Ofrecimiento, venta o compra de instrumento apto para interceptar la comunicación privada entre personas (C.P.

artículo 193); Divulgación y empleo de documentos reservados (C.P. artículo 194); Abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto (C.P. artículo 416); Revelación de secreto (C.P. artículo 418); Utilización de asunto sometido a secreto o reserva (C.P. artículo 419); Utilización indebida de información oficial privilegiada (C.P.

  1. Artículo 420); Asesoramiento y otras actuaciones ilegales (C.P.
  2. Artículo 421); Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de función pública (C.P.
  3. Artículo 431); Utilización indebida de influencias derivadas del ejercicio de función pública (C.P.
  4. Artículo 432).2.
  5. Inducción o ayuda al suicidio (C.P.

artículo 107); lesiones personales sin secuelas que produjeren incapacidad para trabajar o enfermedad sin exceder de sesenta (60) días (C.P. artículo 112 incisos 1° y 2°); lesiones personales con deformidad física transitoria (C.P. artículo 113 inciso 1°); lesiones personales con perturbación funcional transitoria (C.P.

  • Artículo 114 inciso 1°); parto o aborto preterintencional (C.
  • P artículo 118); lesiones personales culposas (C.P.
  • Artículo 120); omisión de socorro (C.P.
  • Artículo 131); violación a la libertad religiosa (C.P.
  • Artículo 201); injuria (C.P.
  • Artículo 220); calumnia (C.P.
  • Artículo 221); injuria y calumnia indirecta (C.P.

artículo 222); injuria por vías de hecho (C.P. artículo 226); injurias recíprocas (C.P. artículo 227); maltrato mediante restricción a la libertad física (C.P. artículo 230); malversación y dilapidación de los bienes de familiares (C.P. artículo 236); hurto simple cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P.

  • Artículo 239 inciso 2°); alteración, desfiguración y suplantación de marcas de ganado (C.P.
  • Artículo 243); estafa cuya cuantía no exceda de ciento cincuenta (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes (C.P.
  • Artículo 246 inciso 3°); emisión y transferencia ilegal de cheques (C.P.
  • Artículo 248); abuso de confianza (C.P.

artículo 249); aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito (C.P. artículo 252); alzamiento de bienes (C.P. artículo 253); disposición de bien propio gravado con prenda (C.P. artículo 255); defraudación de fluidos (C.P. artículo 256); acceso ilegal de los servicios de telecomunicaciones (C.P.

artículo 257); malversación y dilapidación de bienes (C.P. artículo 259); usurpación de tierras (C.P. artículo 261); usurpación de aguas (C.P. artículo 262); invasión de tierras o edificios (C.P. artículo 263); perturbación de la posesión sobre inmuebles (C.P. artículo 264); daño en bien ajeno (C.P. artículo 265); usura y recargo de ventas a plazo (C.P.

artículo 305); falsa autoacusación (C.P. artículo 437); infidelidad a los deberes profesionales (C.P. artículo 445); Violación de los derechos de reunión y asociación (C.P. artículo 200). PARÁGRAFO. No será necesario querella para iniciar la acción penal respecto de casos de flagrancia o en los cuales el sujeto pasivo sea menor de edad, inimputable o se refieran a presuntas conductas punibles de violencia contra la mujer.

  1. ARTÍCULO 6°.
  2. Modifíquese el artículo 76 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: ARTÍCULO 76.
  3. Desistimiento de la querella.
  4. En cualquier momento de la actuación y antes del inicio de la audiencia de juicio oral, el que­rellante podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de desistir de la acción penal.

Si al momento de presentarse la solicitud no se hubiese presentado escrito de acusación, le corresponde a la Fiscalía verificar que ella sea voluntaria, libre e informada, antes de proceder a aceptarla y archivar las diligencias. Si se hubiere presentado escrito de acusación le corresponderá al juez de conocimiento, luego de escuchar el parecer de la Fiscalía, o del acu­sador privado, según sea el caso, determinar si acepta el desistimiento.

En cualquier caso el desistimiento se hará extensivo a todos los autores o partícipes de la conducta punible investigada, y una vez aceptado no admitirá retractación. ARTÍCULO 7°. Modifíquese el numeral 4 del artículo 313 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 4. Cuando la persona haya sido capturada por conducta constitutiva de delito o contravención, dentro del lapso de los tres años anteriores, contados a partir de la nueva captura o imputación, siempre que no se haya producido la preclusión o absolución en el caso precedente.

En el supuesto contemplado por el inciso anterior, se entenderá que la libertad del capturado representa peligro futuro para la sociedad en los términos de los artículos 308 y 310 de este código. ARTÍCULO 8°. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Libro VIII, con el siguiente nombre: LIBRO VIII PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO Y ACUSACIÓN PRIVADA Artículo 9°.

La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Título I y un nuevo Capítulo I en su Libro VIII, con el siguiente nombre: TÍTULO I DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO CAPÍTULO I Definiciones y reglas generales ARTÍCULO 10. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 534, así: ARTÍCULO 534. Ámbito de aplicación. El procedimiento especial abre­viado de que trata el presente título se aplicará a las siguientes conductas punibles: 1.

Las que requieren querella para el inicio de la acción penal.2. Lesiones personales a las que hacen referencia los artículos 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118 y 120 del Código Penal; Actos de Discrimi­nación (C.P. Artículo 134A), Hostigamiento (C.P. Artículo 134B), Actos de Discriminación u Hostigamiento Agravados (C.P.

Artículo 134C), inasistencia alimentaria (C.P. artículo 233) hurto (C.P. artículo 239); hurto calificado (C.P. artículo 240); hurto agravado (C.P. artículo 241), numerales del 1 al 10; estafa (C.P. artículo 246); abuso de confianza (C.P. artículo 249); corrupción privada (C.P. artículo 250A); administra­ción desleal (C.P.

artículo 250B); abuso de condiciones de inferioridad (C.P. artículo 251); utilización indebida de información privilegiada en particulares (C.P. artículo 258); los delitos contenidos en el Título VII Bis, para la protección de la información y los datos, excepto los casos en los que la conducta recaiga sobre bienes o entidades del Estado; violación de derechos morales de autor (C.P.

  1. Artículo 270); violación de derechos patrimoniales de autor y derechos conexos (C.P.
  2. Artículo 271); violación a los mecanismos de protección de derechos de autor (C.P.
  3. Artículo 272); falsedad en documento privado (C.P.
  4. Artículos 289 y 290); usurpación de derechos de propiedad industrial y de derechos de obtentores de variedades vegetales (C.P.

artículo 306); uso ilegítimo de patentes (C.P. artículo 307); violación de reserva industrial y comercial (C.P. artículo 308); ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico (C.P. artículo 312). En caso de concurso entre las conductas punibles referidas en los numerales anteriores y aquellas a las que se les aplica el procedimiento ordinario, la actuación se regirá por este último.

  • PARÁGRAFO.
  • Este procedimiento aplicará también para todos los casos de flagrancia de los delitos contemplados en el presente artículo.
  • ARTÍCULO 11.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 535, así: ARTÍCULO 535.
  • Integración.
  • En todo aquello que no haya sido previsto de forma especial por el procedimiento descrito en este título, se aplicará lo dispuesto por este código y el Código Penal.

ARTÍCULO 12. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Capítulo II en su Título I de su Libro VIII, con el siguiente nombre: CAPÍTULO II De la acusación ARTÍCULO 13. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 536, así: ARTÍCULO 536. Traslado de la acusación. La comunicación de los cargos se surtirá con el traslado del escrito de acusación, tras lo cual el indiciado adquiere la condición de parte.

Para ello, el fiscal citará al indiciado para que comparezca en com­pañía de su defensor, así como a la víctima, con el fin de hacer entrega del escrito de acusación y realizar el descubrimiento probatorio, cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el indiciado fue autor o partícipe.

El descubrimiento probatorio que haga la Fiscalía deberá ser total, incluirá los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida aportada por la víctima, y del mismo deberá quedar constancia. En los eventos contemplados por los artículos 127 y 291 de este código el traslado de la acusación se realizará con el defensor.

PARÁGRAFO 1°. El traslado del escrito de acusación interrumpe la prescripción de la acción penal. Producida la interrupción del término prescriptivo, este comenzará a correr de nuevo por un término igual a la mitad del señalado en el artículo 83 del Código Penal. En este evento no podrá ser inferior a tres (3) años.

PARÁGRAFO 2°. Cuando se trate de delitos querellables, concluido el traslado de la acusación, el Fiscal indagará si las partes tienen ánimo conciliatorio y procederá conforme lo dispuesto en el artículo 522. PARÁGRAFO 3°. A partir del traslado del escrito de acusación el fiscal, el acusador privado o la víctima podrán solicitar cualquiera de las me­didas cautelares previstas en este código, sin perjuicio de las medidas de restablecimiento del derecho las cuales podrán solicitarse en cualquier momento.

  • PARÁGRAFO 4°.
  • Para todos los efectos procesales el traslado de la acusación equivaldrá a la formulación de imputación de la que trata la Ley 906 de 2004.
  • ARTÍCULO 14.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 537, así: ARTÍCULO 537.
  • Traslado de la acusación en audiencia de solicitud de medida de aseguramiento.

En los eventos en los que resulte procedente la imposición de una medida de aseguramiento, el Fiscal dará traslado del escrito de acusación al inicio de la audiencia, acto seguido se pro­cederá de conformidad con lo previsto en los artículos 306 y siguientes de este código.

ARTÍCULO 15. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 538, así: ARTÍCULO 538. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito de acusación deberá cumplir con los requisitos del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal. Además deberá contener: 1. La indicación del juzgado competente para conocer la acción.2.

Prueba sumaria que acredite la calidad de la víctima y su identi­ficación.3. Indicación de la posibilidad de allanarse a los cargos.4. La orden de conversión de la acción penal de pública a privada, de ser el caso. ARTÍCULO 16. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 539, así: ARTÍCULO 539.

Aceptación de cargos en el procedimiento abreviado. Si el indiciado manifiesta su intención de aceptar los cargos, podrá acercarse al fiscal del caso, en cualquier momento previo a la audiencia concentrada. La aceptación de cargos en esta etapa dará lugar a un beneficio punitivo de hasta la mitad de la pena.

En ese caso, la Fiscalía, el indiciado y su defensor suscribirán un acta en la que conste la manifestación de aceptación de responsabilidad de manera libre, voluntaria e informada, la cual deberá anexarse al escrito de acusación. Estos documentos serán presentados ante el juez de conocimiento para que verifique la validez de la aceptación de los cargos y siga el trámite del artículo 447.

  • El beneficio punitivo será de hasta una tercera parte si la aceptación se hace una vez instalada la audiencia concentrada y de una sexta parte de la pena si ocurre una vez instalada la audiencia de juicio oral.
  • PARÁGRAFO.
  • Las rebajas contempladas en este artículo también se aplicarán en los casos de flagrancia, salvo las prohibiciones previstas en la ley, referidas a la naturaleza del delito.

ARTÍCULO 17. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 540, así: ARTÍCULO 540. Presentación de la acusación. Surtido su traslado, el fiscal deberá presentar dentro de los cinco días siguientes el escrito de acusación ante el juez competente para adelantar el juicio.

  1. El incum­plimiento de esta disposición dará lugar a las sanciones disciplinarias, procesales y penales correspondientes.
  2. Para su presentación, el fiscal deberá anexar la siguiente información: 1.
  3. La constancia de la comunicación del escrito de acusación al indiciado.2.
  4. La constancia de la realización del descubrimiento probatorio.3.

La declaratoria de persona ausente o contumacia cuando hubiere lugar. ARTÍCULO 18. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 541, así: ARTÍCULO 541. Término para la audiencia concentrada. A partir del traslado del escrito de acusación el indiciado tendrá un término de sesen­ta (60) días para la preparación de su defensa.

  • Vencido este término, el juez de conocimiento citará inmediatamente a las partes e intervinientes a audiencia concentrada, que se llevará a cabo dentro de los diez (10) días siguientes.
  • Para la realización de la audiencia será necesaria la presencia del fiscal y el defensor.
  • ARTÍCULO 19.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 542, así: ARTÍCULO 542.
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Audiencia concentrada. Una vez instalada la audiencia y corroborada la presencia de las partes, el juez procederá a: 1. Interrogar al indiciado sobre su voluntad de aceptar los cargos formulados y verificará que su contestación sea libre, voluntaria e in­formada, advirtiéndole que de allanarse en dicha etapa sería acreedor de un beneficio punitivo de hasta la tercera parte de la pena.

  1. En caso de aceptación, se procederá a lo dispuesto en el artículo 447.2.
  2. Se hará el reconocimiento de la calidad de víctima.
  3. En los eventos en que la acción penal la ejerza el acusador privado, la víctima será re­conocida preliminarmente en la orden de conversión y definitivamente en esta audiencia.3.

Procederá a darle la palabra a las partes e intervinientes para que expresen oralmente las causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones.4. Acto seguido, interrogará al fiscal sobre si existen modificaciones a la acusación plasmada en el escrito de que habla el artículo 538, las cuales no podrán afectar el núcleo fáctico señalado en tal escrito.5.

  • Dará el uso de la palabra a la defensa y a la víctima para que pre­senten sus observaciones al escrito de acusación y sus modificaciones con respecto a los requisitos establecidos en los artículos 337 y 538.
  • De ser procedente ordenará al fiscal que lo aclare, adicione o corrija de inmediato.6.
  • Que las partes e intervinientes manifiesten sus observaciones perti­nentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios.

Si el descubrimiento no estuviere completo, el juez lo rechazará conforme al artículo 346 de este Código.7. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física.8. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público.

Lo anterior constará en un listado, el cual se entregará al juez y a las partes e intervinientes al inicio de la audiencia.9. Que las partes e intervinientes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este evento, podrán reunirse previamente a la realización de la audiencia para acordar las estipulaciones probato­rias que serán presentadas al juez para su aprobación.

Si lo anterior no se realiza, el juez podrá durante la audiencia ordenar un receso hasta de una (1) hora a fin de que las partes puedan acordar las estipulaciones.10. Que la Fiscalía, las víctimas y la defensa realicen sus solicitudes probatorias, de lo cual se correrá traslado a las partes e intervinientes para que se pronuncien sobre su exclusión, rechazo e inadmisibilidad.11.

Otorgar la palabra a las partes para que propongan las nulidades que consideren pertinentes.12. El Juez se pronunciará sobre las solicitudes probatorias y las nulidades propuestas en una única providencia.13. Se correrá traslado conjunto a las partes para que interpongan los recursos a que haya lugar sobre las decisiones de reconocimiento de víctima, resolución de nulidades, solicitudes probatorias y todas las demás que se adopten en esta audiencia y sean susceptibles de recurso.

PARÁGRAFO. Si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física significativo que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas a las partes y en consideración al perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.

ARTÍCULO 20. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 543, así: ARTÍCULO 543. Fijación de la audiencia de juicio oral. Concluida la audiencia concentrada, el juez fijará fecha y hora para el inicio del juicio que deberá realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la terminación de la audiencia concentrada.

ARTÍCULO 21. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 544, así: ARTÍCULO 544. Trámite del juicio oral. El trámite del juicio oral, se­guirá las reglas establecidas en el Título IV del Libro III de este Código, exceptuando lo previsto en el artículo 447 respecto de la audiencia para proferir sentencia, ante lo cual seguirá lo dispuesto por el artículo siguiente.

ARTÍCULO 22. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 545, así: ARTÍCULO 545. Traslado de la sentencia e interposición de recursos. Anunciado el sentido del fallo el juez dará traslado inmediato para cumplir con el trámite previsto en el artículo 447 de este código. El juez contará con diez (10) días para proferir la sentencia y correr traslado escrito de la misma a las partes.

La sentencia se entenderá notificada con el traslado, para lo cual el juez citará a las partes a su despacho y hará entrega de la providencia. En caso de no comparecer a pesar de haberse hecho la citación oportu­namente, se entenderá surtida la notificación salvo que la ausencia se justifique por fuerza mayor o caso fortuito.

Surtidas las notificaciones las partes contarán con cinco (5) días para la presentación de los recursos que procedan contra la decisión de primera instancia. Estos se presentarán por escrito y se tramitarán conforme a lo dispuesto por el procedimiento ordinario. ARTÍCULO 23. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 546, así: ARTÍCULO 546.

Notificaciones. Las notificaciones del procedimiento abreviado se surtirán de conformidad con lo previsto en el Capítulo VI del Título VI de este Código. En todo caso, las partes e intervinientes deberán suministrar al juez y al fiscal su dirección de correo electrónico con el propósito de surtir la notificación de las decisiones correspondientes.

ARTÍCULO 24. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 547, así: ARTÍCULO 547. Justicia restaurativa en el procedimiento especial abreviado. Los mecanismos de justicia restaurativa podrán aplicarse en cualquier momento del procedimiento abreviado en los términos y condiciones establecidos en el Libro VI hasta antes de que se emita fallo de primera instancia y darán lugar a la extinción de la acción penal de conformidad con lo previsto en los términos de los artículos 77 de este Código y 82 del Código Penal.

ARTÍCULO 25. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 548, así: ARTÍCULO 548. Causales de libertad en el procedimiento penal abreviado. El término de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad en el procedimiento abreviado no podrá exceder de ciento ochenta (180) días.

La libertad del indiciado o acusado se cumplirá de inmediato y procederá en los siguientes eventos: 1. Cuando se haya cumplido la pena según la determinación anticipada que para este efecto se haga.2. Cuando se haya decretado la preclusión.3. Cuando se haya absuelto al acusado.4. Como consecuencia de la aplicación del principio de oportunidad.5.

Como consecuencia de las cláusulas del acuerdo cuando haya sido aceptado por el Juez de Conocimiento.6. Cuando transcurridos setenta (70) días desde el traslado de la acu­sación no se haya iniciado la audiencia concentrada.7. Cuando transcurridos treinta (30) días desde la terminación de la audiencia concentrada no se haya iniciado la audiencia de juicio oral.8.

  • Cuando transcurridos setenta y cinco (75) días desde el inicio del juicio oral no se haya corrido traslado de la sentencia.
  • PARÁGRAFO 1°.
  • En los numerales 4 y 5 se restablecerán los términos cuando hubiere improbación de la aceptación de cargos, de los preacuer­dos o de la aplicación del principio de oportunidad.

PARÁGRAFO 2°. Cuando la audiencia no se haya podido iniciar o terminar por maniobras dilatorias del acusado o su defensor, no se contabilizarán dentro de los términos contenidos en este artículo, los días empleados en ellas. PARÁGRAFO 3°. Cuando la audiencia no se hubiere podido iniciar o terminar por causa razonable fundada en hechos externos y objetivos de fuerza mayor, ajenos al juez o a la administración de justicia, la audiencia se iniciará o reanudará cuando haya desaparecido dicha causa.

  • PARÁGRAFO 4°.
  • Los términos dispuestos en este artículo se incremen­tarán por el mismo término inicial cuando el proceso se surta ante la justicia penal especializada, o sean dos o más procesados, o se trate de la investigación o juicio de actos de corrupción de los que trata la Ley 1474 de 2011.
  • ARTÍCULO 26.

La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo Título II, con un nuevo capítulo en su Libro VIII, con el siguiente nombre: TÍTULO II DE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA CAPÍTULO ÚNICO ARTÍCULO 27. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 549, así: ARTÍCULO 549. Acusador privado.

  1. El acusador privado es aquella per­sona que al ser víctima de la conducta punible está facultada legalmente para ejercer la acción penal representada por su abogado.
  2. El acusador privado deberá reunir las mismas calidades que el que­rellante legítimo para ejercer la acción penal.
  3. En ningún caso se podrá ejercer la acción penal privada sin la repre­sentación de un abogado de confianza.

Los estudiantes de consultorio jurídico de las universidades debidamente acreditadas podrán fungir como abogados de confianza del acusador privado en los términos de ley. También podrán ejercer la acusación las autoridades que la ley ex­presamente faculte para ello y solo con respecto a las conductas especí­ficamente habilitadas.

  • ARTÍCULO 28.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 550, así: ARTÍCULO 550.
  • Conductas punibles susceptibles de conversión de la acción penal.
  • La conversión de la acción penal de pública a privada podrá autorizarse para las conductas que se tramiten por el procedimiento especial abreviado, a excepción de aquellas que atenten contra bienes del Estado.

ARTÍCULO 29. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 551, así: ARTÍCULO 551. Titulares de la acción penal privada. Podrán solicitar la conversión de la acción pública en acción privada las mismas personas querellantes legítimos y las demás autoridades que expresamente la ley faculta para ello.

  • Cuando se trate de múltiples víctimas, deberá existir acuerdo entre todas ellas sobre la conversión de la acción penal.
  • En caso de desacuerdo, el ejercicio de la acción penal le corresponderá a la Fiscalía.
  • Si una vez iniciado el trámite de conversión aparece un nuevo afectado, este podrá adherir al trámite de acción privada.

El acusador privado hará las veces de fiscal y se seguirán las mismas reglas previstas para el procedimiento abreviado establecido en este libro. En todo aquello que no haya sido previsto de forma especial por este título respecto de las facultades y deberes del acusador privado, se aplicará lo dispuesto por este código en relación con el fiscal.

El desarrollo de la acción penal por parte del acusador privado implica el ejercicio de función pública transitoria, y estará sometido al mismo régimen disciplinario y de responsabilidad penal que se aplica para los fiscales. ARTÍCULO 30. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 552, así: ARTÍCULO 552.

Procedencia de la conversión. La conversión de la acción penal pública en acción penal privada podrá solicitarse ante el fiscal del caso hasta antes del traslado del escrito de acusación. ARTÍCULO 31. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 553, así: ARTÍCULO 553.

Solicitud de conversión. Quien según lo establecido por este título pueda actuar como acusador privado, a través de su apodera­do, podrá solicitar al fiscal de conocimiento la conversión de la acción penal de pública a privada. La solicitud deberá hacerse de forma escrita y acreditar sumariamente la condición de víctima de la conducta punible.

El fiscal tendrá un (1) mes desde la fecha de su recibo para resolver de fondo sobre la conversión de la acción penal. En caso de pluralidad de víctimas, la solicitud deberá contener la manifestación expresa de cada una coadyuvando la solicitud. ARTÍCULO 32.

  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 554, así: ARTÍCULO 554.
  • Decisión sobre la conversión.
  • El fiscal decidirá de plano sobre la conversión o no de la acción penal teniendo en cuenta lo previsto en el inciso siguiente.
  • En caso de aceptar la solicitud de conversión, señalará la identidad e individualización del indiciado o indiciados, los hechos que serán objeto de la acción privada y su calificación jurídica provisional.

No se podrá autorizar la conversión de la acción penal pública en privada cuando se presente alguna de las siguientes circunstancias: a) Cuando no se acredite sumariamente la condición de víctima de la conducta punible; b) Cuando no esté plenamente identificado o individualizado el sujeto investigado; c) Cuando el indiciado pertenezca a una organización criminal y el hecho esté directamente relacionado con su pertenencia a esta; d) Cuando el indiciado sea inimputable; e) Cuando los hechos guarden conexidad o estén en concurso con delitos frente a los que no procede la conversión de la acción penal pública a acción privada; f) Cuando la conversión de la acción penal implique riesgo para la seguridad de la víctima; g) Cuando no haya acuerdo entre todas las víctimas de la conducta punible; h) Cuando existan razones de política criminal, investigaciones en contexto o interés del Estado que indiquen la existencia de un interés colectivo sobre la investigación; i) Cuando se trate de procesos adelantados por el sistema de respon­sabilidad penal para adolescentes; j) Cuando la conducta sea objetivamente atípica, caso en el cual el Fiscal procederá al archivo de la investigación.

Si el acusador privado o su representante tuvieron conocimiento de alguna de las anteriores causales y omitieron ponerla de manifiesto, se compulsarán copias para las correspondientes investigaciones discipli­narias y penales. El Fiscal General de la Nación ejerce de forma preferente la acción penal y en virtud de ello en cualquier momento podrá revertir la acción penal a través de decisión motivada con base en las anteriores causales.

PARÁGRAFO. El Fiscal General de la Nación deberá expedir, en un tér­mino no mayor a 6 meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley, un reglamento en el que se determine el procedimiento interno de la entidad para garantizar un control efectivo en la conversión y reversión de la acción penal.

  • ARTÍCULO 33.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 555, así: ARTÍCULO 555.
  • Representación del acusador privado.
  • El acusador privado deberá actuar por intermedio de abogado en ejercicio.
  • Solamente podrá ser nombrado un (1) acusador privado por cada proceso.
  • Cuando se ordene la reversión de la acción, el acusador privado pier­de su calidad de tal y solo mantendrá sus facultades como interviniente en el proceso en calidad de víctima, caso en el cual se le garantizará la asistencia jurídica de un abogado en los términos que establece el código.

ARTÍCULO 34. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 556, así: ARTÍCULO 556. Actos de investigación. El titular de la acción privada tendrá las mismas facultades de investigación que la defensa. El acusador privado no podrá ejecutar directamente los siguientes actos complejos de investigación: interceptación de comunicaciones, inspecciones corporales, registros y allanamientos, vigilancia y segui­miento de personas, vigilancia de cosas, entregas vigiladas, diligencias de agente encubierto, retención de correspondencia y recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones.

  1. ARTÍCULO 35.
  2. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 557, así: ARTÍCULO 557.
  3. Apoyo investigativo.
  4. Cuando se autorice la conversión de la acción penal, la investigación y la acusación corresponden al acu­sador privado.
  5. Excepcionalmente, el acusador privado podrá solicitar autorización para la realización de actos complejos de investigación ante el juez de control de garantías, en este evento, el juez además de verificar el cumplimiento de los requisitos legales, valorará la urgencia y proporcionalidad del acto investigativo.

De encontrarlo procedente, el juez ordenará al fiscal que autorizó la conversión de la acción penal o al que para el efecto se designe, que coordine su realización. La ejecución del acto complejo de investigación estará a cargo ex­clusivamente de la Fiscalía General de la Nación y deberá realizarse en los términos establecidos en la ley para cada caso.

Culminada la labor el fiscal acudirá ante juez de garantías, en los tér­minos de este código, para realizar el control posterior correspondiente. Legalizado el acto, la evidencia recaudada y la información legalmente obtenida en la diligencia serán puestas a disposición del acusador privado respetando los protocolos de cadena de custodia.

PARÁGRAFO 1°. La información recaudada en el marco de los actos de investigación aquí descritos gozará de reserva. En consecuencia, el acusador privado no podrá divulgar la información a terceros ni utilizarla para fines diferentes al ejercicio de la acción penal, so pena de incurrir en alguna de las conductas previstas en el Código Penal.

PARÁGRAFO 2°. Si el acusador privado es sorprendido en actos de des­viación de poder por el ejercicio de los actos de investigación se revertirá inmediatamente el ejercicio de la acción. Asimismo, se compulsarán las copias penales y disciplinarias correspondientes. ARTÍCULO 36. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 558, así: ARTÍCULO 558.

Solicitud de medida de aseguramiento. Cuando la acción penal sea ejercida por el acusador privado, este podrá acudir di­rectamente ante el juez de control de garantías para solicitar la medida de aseguramiento privativa o no privativa de la libertad. ARTÍCULO 37.

La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 559, así: ARTÍCULO 559. Traslado de la custodia de los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida. Una vez ordenada la conversión de la acción pública a privada, el fiscal de conocimiento entregará los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida al apoderado del acusador privado, respetando la cadena de custodia.

De este acto, se dejará un acta detallada. Realizado el traslado del artículo anterior, la custodia de los elemen­tos materiales probatorios, evidencia física y la información legalmente obtenida corresponderá exclusivamente al acusador privado. Es deber del Fiscal del caso, guardar una copia de los elementos materiales pro­batorios, evidencia física e información legalmente obtenida que haya sido entregada al acusador privado, cuando ello fuere posible.

  1. El Fiscal podrá utilizar para ello cualquier medio que garantice la fidelidad y au­tenticidad de la información entregada.
  2. PARÁGRAFO.
  3. De la misma manera se procederá cuando la Fiscalía ordene la reversión de la acción penal.
  4. ARTÍCULO 38.
  5. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 560, así: ARTÍCULO 560.

Reversión. En cualquier momento de la actuación, de oficio o por solicitud de parte, el fiscal que autorizó la conversión podrá ordenar que la acción privada vuelva a ser pública y desplazar en el ejercicio de la acción penal al acusador privado cuando sobrevenga alguna de las circunstancias descritas en el artículo 554.

En este evento, el fiscal retomará la actuación en la etapa procesal en que se encuentre. Además de las causales previstas en el artículo 554, el Fiscal ordena­rá la reversión de la acción penal cuando se verifique la ocurrencia del supuesto de hecho contemplado por el parágrafo 2° del artículo 557 o una ausencia permanente del abogado de confianza del acusador privado.

ARTÍCULO 39. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 561, así: ARTÍCULO 561. Traslado y presentación de la acusación privada. Ade­más de lo dispuesto para la acusación en el procedimiento abreviado, el escrito de acusación deberá tener como anexo la orden emitida por el fiscal que autoriza la conversión de la acción pública a privada.

  • ARTÍCULO 40.
  • La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 562, así: ARTÍCULO 562.
  • Preclusión por atipicidad absoluta.
  • Además de lo pre­visto por el parágrafo del artículo 332 de este código, la defensa podrá solicitar al juez de conocimiento la preclusión cuando al acusado se le atribuya una conducta que no esté tipificada en la ley penal.

ARTÍCULO 41. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 563, así: ARTÍCULO 563. Destrucción del objeto material del delito. En las ac­tuaciones por conductas punibles en las que se empleen como medios o instrumentos para su comisión, armas de fuego o armas blancas, una vez cumplidas las previsiones de este código relativas a la cadena de custodia y después de ser examinadas por peritos para los fines investigativos pertinentes, se procederá a su destrucción previa orden del fiscal de co­nocimiento, siempre que no sean requeridas en la actuación a su cargo.

PARÁGRAFO. La Fiscalía General de la Nación aplicará el procedimiento previsto en este artículo para las armas de fuego o armas blancas que actualmente se encuentran a su disposición. ARTÍCULO 42. La Ley 906 de 2004 tendrá un nuevo artículo 564, así: ARTÍCULO 564. De la reparación integral al acusador privado.

El acusador privado podrá formular su pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado, para tal efecto deberá incorporarla en el traslado y en la presentación del escrito de acusación. Igualmente, deberá descubrir, enunciar y solicitar las pruebas que pretenda hacer valer para demostrar su pretensión en los mismos térmi­nos y oportunidades procesales previstos en el procedimiento especial abreviado.

  1. PARÁGRAFO 1°.
  2. En la sentencia el juez condenará al penalmente respon­sable al pago de los daños causados con la conducta punible de acuerdo a lo acreditado en el juicio.
  3. PARÁGRAFO 2°.
  4. En el evento en que el acusador privado previamente haya acudido a la jurisdicción civil para obtener reparación económica, la pretensión de reparación integral no podrá incluir tales aspectos.
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PARÁGRAFO 3°. Cuando el acusador privado no formule una pretensión de reparación dentro del procedimiento especial abreviado podrá acudir ante la jurisdicción civil para tal efecto. ARTÍCULO 43. Medidas de implementación. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura dispondrá lo necesario para el eficaz y eficiente cumplimiento de las disposiciones del presente código.

  • ARTÍCULO 44.
  • Vigencia y derogatoria.
  • La presente ley entrará a regir seis (6) meses después de la fecha de su promulgación y se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia.
  • También se aplicará a los delitos cometidos con anterioridad a su en­trada en vigencia respecto de los que no se haya realizado formulación de imputación en los términos de la Ley 906 de 2004.

Esta ley no modifica, deroga ni adiciona el Código Penal Sustantivo ni la Ley 1773 de 2016. ÓSCAR MAURICIO LIZCANO ARANGO. EL PRESIDENTE DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, GREGORIO ELJACH PACHECO. EL SECRETARIO GENERAL DEL HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA, MIGUEL ÁNGEL PINTO HERNÁNDEZ.

  • EL PRESIDENTE DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO.
  • EL SECRETARIO GENERAL DE LA HONORABLE CÁMARA DE REPRESENTANTES, REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL PUBLÍQUESE y CÚMPLASE,
  • Dado en Bogotá, D.C., a los 12 días del mes de enero del año 2017.
  • JORGE EDUARDO LONDOÑO ULLOA.

EL MINISTRO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, NOTA: Publicado en el Diario Oficial No.50.114 de 12 de enero de 2017.

¿Cómo se inicia una querella?

Para interponer denuncias y querellas únicamente es necesario: Presentarse el ofendido personalmente en los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado con identificación oficial vigente.

¿Cómo se notifica la querella?

La querella es una accin judicial intentada en contra de una persona natural, por que se le estima responsable de la omisin de algn hecho delictual, sea de accin pblica o de accin privada. La querella tiene por objeto hacer que usted cumpla en la crcel, la infraccin penal que ha cometido, y responda con sus bienes de los daos causados.

La querella no se notifica como la demanda civil, sino que una vez que se ha dictado la acusacin penal, se notifica de ella al acusado de los cargos penales y de la eventual accin civil indemnizatoria. El juicio penal actualmente es secreto en la etapa de sumario. Una vez que se ha deducido la querella el tribunal ordena una investigacin a la Polica de Investigaciones o a Carabineros y todo el proceso se puede hacer sin que afectado se entere, hasta que se dictan resoluciones en su contra.

El querellado slo puede deducir que se encuentra en ese estado procesal, cuando ha recibido una citacin para ir a declarar a una unidad de Polica, o al tribunal. Mayor sorpresa es cuando se le toma detenido y llevado a una unidad de Polica o al Tribunal.

¿Cómo se dice querella?

Una denuncia (querella).

¿Qué tipo de proceso es la querella?

– La querella es un acto procesal de postulación y como tal, consiste en una declaración de voluntad dirigida al órgano jurisdiccional competente, poniendo en su conocimiento la ‘notitia criminis’ o noticia criminal, ejercitando la acción penal privada por facultad otorgada por la ley. (arts.109 y 459 del NCPP).

¿Qué pasa cuando hay una denuncia penal?

¿ Qué pasa después de la denuncia? Cuando denunciás un delito, la policía va a informar tu caso al fiscal o al juez. La policía no decide el resultado del caso. El fiscal es el que va a determinar cómo sigue la investigación y el juez va a tomar las decisiones del caso.

¿Cómo se desiste de una denuncia penal?

¿Se puede retirar una denuncia? – No, no es posible. Seguro que ha escuchado en más de una ocasión, ya sea en películas o en programas de televisión, la expresión “voy a retirar una denuncia “, pero lo cierto es que se trata de una leyenda urbana que no se puede llevar a cabo salvo en casos muy excepcionales.

  1. En concreto, esos casos excepcionales hacen referencia en su mayoría a delitos de persecución privada como, por ejemplo, las injurias y las calumnias.
  2. Pero en el resto de casos no.
  3. Lo que sí se puede hacer es renunciar a llevar a cabo acciones penales a título privado, pero el Ministerio Fiscal seguirá adelante con la acusación.

Consulta con un para solicitar asesoramiento si te encuentras en esta circunstancia.

¿Cuál es el objeto de una querella?

Cómo se presenta – La querella puede ser interpuesta por cualquier ciudadano que se considere afectado por un delito, ya sea contra su persona como contra sus bienes. El objetivo de la querella es la persecución de la condena del delincuente que ha ocasionado un daño,

Es fundamental que a la hora de presentar una querella esta cuente con una serie de puntos básicos pues si no, no será aceptada ni tramitada convenientemente. En concreto, se establece que esta tiene que incluir los datos personales del querellante y del querellado, la explicación de lo sucedido para entender porqué se acomete aquella y la firma de quien la presenta.

Ver también: Firma

¿Cómo se comprueba un delito?

El actual Código Federal de Procedimientos Penales reconoce que pueden ser ofrecidos como medios de prueba : la confesión, la inspección, la reconstrucción, peritos, testigos, confrontación, careos, documentos y todo aquello que se ofrezca como tal, siempre que pueda ser conducente y no vaya contra el derecho a juicio

¿Quién debe otorgar el perdón y en qué tipo de delitos?

Artículo 93. – El perdón del ofendido o del legitimado para otorgarlo extingue la acción penal respecto de los delitos que se persiguen por querella, siempre que se conceda ante el Ministerio Público si éste no ha ejercitado la misma o ante el órgano jurisdiccional antes de dictarse sentencia de segunda instancia.

¿Dónde debo poner una querella?

¿En qué se diferencia una querella de una denuncia? – La querella y la denuncia son actos procesales mediante los cuales se da a conocer la existencia de unos hechos presuntamente delictivos. Ahora bien, la denuncia y la querella presentan varias diferencias:

  1. La denuncia es un deber, la querella es un derecho. Es decir, toda persona que presencia la comisión de un delito está obligado a denunciar los hechos. Sin embargo, la querella es un derecho para el ofendido por un delito.
  2. La denuncia es una mera declaración de conocimiento (el denunciante no forma parte del proceso), la querella es una declaración de conocimiento y voluntad (el querellante sí forma parte del proceso).
  3. La denuncia no está sujeta a formalidades. Puede hacerse de palabra, incluso de forma anónima. La querella debe cumplir unos requisitos formales, necesariamente por escrito.
  4. La denuncia puede presentarse ante la Policía y sin abogado. La querella debe presentarse ante el Juzgado de Instrucción competente y se requiere Abogado y Procurador.
  5. La denuncia no lleva aparejadas obligaciones posteriores para el denunciante. La querella sí implica obligaciones posteriores para el querellante.
  6. El denunciante se desliga del procedimiento. El querellante es parte del procedimiento.

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¿Quién no puede presentar querella?

1. La querella – Es la declaración que una persona efectúa por escrito para poner en conocimiento del Juez unos hechos que cree que presentan las características de delito, Con ella el querellante solicita la apertura de una causa criminal en la que se investigará la comisión del presunto delito, y se constituirá como parte acusadora en el mismo.

  • Puede interponer una querella cualquier ciudadano español independientemente de que haya sido o no ofendido por el delito; sin embargo, los sólo podrán querellarse en el primero de los casos, esto es, si son directamente ofendidos por el delito que declaran.
  • La persona que realiza la declaración (o querellante) ha de manifestar en la querella su intención de intervenir en el procedimiento judicial como parte acusadora, pudiendo apartarse del mismo en cualquier momento, sin perjuicio de que pueda exigírsele la y / o penal que en su caso proceda.
  • El Juez o Tribunal decidirá si admite o no a trámite la querella interpuesta.
  • Contra la resolución ( auto ) que dicte desestimándola podrá presentarse el llamado recurso de apelación,
  • Por su parte, en la querella se podrán denunciar tanto delitos públicos como privados,

Los delitos públicos son aquellos que se persiguen ‘de oficio’, esto es, por las propias autoridades. Sin embargo, para el seguimiento de los delitos privados (por ejemplo, las y etc.) será necesario que el afectado por los mismos formule una querella en la que manifieste su voluntad de ser parte acusadora en el procedimiento penal.

¿Qué pasa si no tengo abogado en un juicio?

Citación para juicio por delito leve – Cuando la Policía tiene conocimiento de unos hechos que pueden ser delito leve de lesiones, por ejemplo, o bien si una persona presenta una denuncia, la Policía elaborará un atestado y lo mandará al Juzgado correspondiente.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que prescriba un delito?

ARTÍCULO 136 del CP. – 1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

  • Seis meses para las penas leves,
  • Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes,
  • Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.
  • Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.
  • Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio.

  • En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.3.
  • Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades.

En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas.

Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.5.

En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

¿Quién es el querellante legítimo?

2. Fundamentos de la demanda – Luego de hacer un extenso anlisis sobre el desarrollo legislativo que ha vivido el pas en relacin con el control y la vigilancia del uso del suelo, con las actividades de construccin y enajenacin de inmuebles destinados a la vivienda y, en general, con el tema del desarrollo urbanstico, el demandante considera que la norma acusada, al ubicar el tipo penal llamado Urbanizador Ilegal dentro de los delitos querellables, desconoce la importancia que la Carta Fundamental le concede a la vivienda digna, as como a la inalienabilidad del espacio pblico.

Para el actor resulta absurdo que el delito de urbanizacin ilegal, que por sus caractersticas especiales afecta no slo intereses privados sino pblicos, pues genera consecuencias perjudiciales para el servicio de planeacin de la ciudad, para el entorno arquitectnico, para el espacio pblico y el bienestar general, est incluido en el captulo de los llamados delitos querellables del Cdigo Penal; delitos que por definicin slo pueden ser investigados mediante queja del afectado, la cual, adems, puede ser desistida, y cuya estimacin de perjuicios puede ser transigida.

Esta posibilidad, la de que el delito sea desistido o conciliado, permite, al parecer del demandante, que entre el comprador y el constructor se decidan temas propios de planeacin municipal, lo cual va en contrava evidente del artculo 313-7 de la Constitucin Poltica segn el cual, a los concejos municipales les compete Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los lmites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda.

En ltimas, considera la demanda que si la oficina de planeacin de cualquier municipio quiere denunciar penalmente a un urbanizador ilegal, como no es querellante legtimo, su libelo est destinado a una fcil y rpida resolucin inhibitoria. Ello es as, porque el delito de Urbanizador Ilegal, por virtud de la inteligencia de la Ley 308 de 1996, qued inserto en un ttulo de hechos punibles que atentan contra el patrimonio econmico, y no, como debi serlo, en el ttulo de delitos que atacan el orden econmico y social.

Intervencin del Ministerio de Justicia y del Derecho Dentro de la oportunidad procesal prevista intervino, en representacin del Ministerio de Justicia y del Derecho, el doctor Alvaro Namn Vargas, quien solicit a esta Corporacin declarar exequible el artculo demandado.

  • Para el Ministerio de Justicia y del Derecho, no es materia de juicio de constitucionalidad el hecho de que el tipo penal de la urbanizacin ilegal est incluido dentro del ttulo dedicado a los llamados delitos querellables del Cdigo Penal.
  • Considera el citado Ministerio que el legislador tiene autonoma absoluta para organizar sistemticamente las conductas que considere delictivas, como se presenta en el caso sub exmine,

Adicionalmente, el interviniente estima que el tipo penal demandado no est concebido para proteger los derechos a la vivienda digna y la propiedad privada, sino para evitar la construccin de viviendas en zonas de alto riesgo o en sitios que por su ubicacin no se encuentran incluidos en planes de desarrollo urbano.

Por ltimo, asegura que, contrario a lo sostenido por el demandante, la exigencia de la querella para un delito de las caractersticas del comentado, le otorga a las entidades administrativas (alcaldas, oficinas de planeacin, concejos municipales) la calidad de querellantes legtimos, y por razn de los intereses en conflicto, la norma no permite que se desista la denuncia o se transijan los perjuicios.

El seor procurador general de la Nacin, dentro de la oportunidad legal prevista, emiti el concepto de su competencia y solicit a esta Corporacin declarar la constitucionalidad de la norma acusada. La vista fiscal estima que la determinacin de las conductas punibles y la de sus consecuencias jurdicas corresponde hacerla al legislador a partir del anlisis de los factores sociales, polticos y econmicos que genera el ilcito, dentro de unos parmetros razonables y proporcionados que permitan el desarrollo de la justicia.

  1. En ese orden de ideas, el legislador es autnomo para determinar la poltica criminal del Estado y por ello consider la conveniencia de ubicar el punible de la urbanizacin ilegal dentro del captulo de los delitos querellables.
  2. Por otro lado, para el Ministerio Pblico la norma acusada es complementaria del artculo 6 del Decreto 2610 de 1979 y de las disposiciones del la Ley 66 de 1968 que establecen mecanismos y procedimientos administrativos para que las autoridades encargadas de ejercer el control del espacio pblico, adelanten las sanciones de polica pertinentes contra las urbanizaciones ilegales, sin perjuicio de las sanciones penales que la misma conducta pueda generar.

Afirma el procurador que la incorporacin o la supresin de una conducta reprochable dentro del ordenamiento penal no significa obstculo para que el Estado ejerza otro tipo de acciones tendientes a reprimir el mismo comportamiento, como ocurre con las sanciones de carcter administrativo que se pueden imponer mediante la aplicacin de la Ley 66 de 1968 y el Decreto 2610 de 1979.

  1. En ltimas, considera el despacho que el hecho de que el delito sea querellable no le impide al Estado adelantar las gestiones necesarias para investigarlo y sancionarlo, como en efecto lo hace a travs de las sanciones administrativas. VI.
  2. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1.
  3. La competencia Por dirigirse la demanda contra una disposicin que forma parte de una ley de la Repblica, es competente la Corte Constitucional para decidir sobre su constitucionalidad, segn lo prescribe el artculo 241 de la Carta Fundamental.2.

Inexistencia de cosa juzgada La Corte Constitucional, mediante Sentencia C-157 de 1997 (M.P. Dr. Jos Gregorio Hernndez Galindo), declar exequible el artculo 2 de la Ley 308 de 1996, en los trminos descritos en la parte motiva de dicha providencia. Sin embargo, en aquella oportunidad la Corte Constitucional circunscribi su anlisis a si la conducta descrita en el tipo penal de la urbanizacin ilegal poda ser o no objeto de sancin penal.

Como en esta ocasin los cargos de la demanda dan por sentado que la conducta es penalmente reprochable, pero considera inconstitucional que el punible sea querellable, debe la Corte aplicar el principio de la relatividad de la cosa juzgada constitucional, que le impone al fallador el deber de pronunciarse sobre una norma que ya ha sido objeto de anlisis, cuando los puntos analizados en el primer estudio son totalmente diferentes a los planteados con posterioridad.3.

Problema jurdico planteado Aunque el demandante encuentra violados varios preceptos constitucionales, no formula cargos especficos de violacin respecto de algunos de ellos. En trminos generales, considera que la circunstancia de que la planeacin del desarrollo urbano, la reglamentacin del uso del suelo y la vigilancia y control de las actividades de urbanismo y de construccin y enajenacin de bienes inmuebles involucre un clarsimo inters pblico que la Constitucin radica en cabeza de las autoridades municipales, hace que la catalogacin del tipo penal llamado urbanizador ilegal como delito querellable y lesivo del patrimonio econmico, devenga en violacin de las citadas normas constitucionales.

Tales normas son la que estipula que todos los colombianos tienen derecho a vivienda digna (Art.51), la que prescribe que se garantiza la propiedad privada y los dems derechos adquiridos y reconoce que la propiedad es una funcin social que implica obligaciones (Art.58 ), la que determina que los bienes de uso pblico son inalienables, imprescriptibles e inembargables (Art.63), aquella que seala que las entidades pblicas regularn la utilizacin del suelo y del espacio areo urbano en defensa del inters comn (Art.82), el artculo 131 constitucional, que en su numeral 7 determina la competencia de los concejos municipales para Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los lmites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda, el artculo 339 de la Carta referente a los planes nacionales y territoriales de desarrollo, y finalmente, el artculo 367 que prescribe que la ley fijar el rgimen de los servicios pblicos domiciliarios.

Como la Corte encuentra que los cargos de violacin se formulan indiscriminadamente contra todas las anteriores normas, pero que no explican cmo resultan desconocidas algunas de ellas, se concretar en el estudio de la posible violacin de las normas referentes al inters estatal en la planeacin urbanstica y la regulacin del uso del suelo, as como en la vigilancia y control de las actividades relacionadas con la construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda, respecto de las cuales los cargos del libelo demandatorio son claros.

Ello por cuanto, como ha dicho esta Corporacin -en relacin con la obligacin impuesta por el decreto 2067 de 1991 de aducir las razones por las cuales los textos constitucionales se estiman violados – la formulacin de un cargo constitucional concreto contra la norma demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante ya que, como lo dijo la Corte al declarar la exequibilidad de esa exigencia, el ataque indeterminado y sin motivos no es razonable,

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Al ciudadano se le impone entonces como carga mnima que sustente de manera especfica el concepto de la violacin, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional. As pues, lo que la Corte estudiar es si la clasificacin del delito de urbanizador ilegal como delito contra el patrimonio econmico, cuya investigacin no se puede adelantar sino en virtud de querella de parte, resulta lesiva de las normas superiores contra las cuales se dirigen los cargos, esto es, los artculos 82, 131 numeral 7 y 339 de la Carta Poltica.4.

Los delitos querellables 4.1 La querella El legislador, por atribucin constitucional que le da el numeral 2 del artculo 150 superior, tiene la facultad de expedir cdigos en todos los ramos de la legislacin y reformar sus disposiciones, facultad que comprende la de organizar sistemticamente las conductas que considera delictivas.

En ejercicio de esta potestad el legislador ordena tales conductas, atendiendo a varios criterios. Entre ellos est el del bien jurdicamente protegido por cada tipo penal. De esta manera los delitos se agrupan segn atenten, por ejemplo, contra la Administracin pblica, contra la fe pblica, contra la libertad individual, contra la libertad y el pudor sexuales, contra el patrimonio econmico, etc.

  1. Este es, en general, el sistema de organizacin que bsicamente adopta nuestro Cdigo Penal.
  2. Siguiendo otro criterio de clasificacin, los delitos pueden catalogarse como aquellos que pueden ser investigados de oficio, o en respuesta a denuncia, por oposicin a los que requieren, como condicin para su procesabilidad, esto es para el inicio de la accin penal, que medie una querella o peticin de parte interesada.

La querella es la solicitud que hace el ofendido o agraviado para que se inicie la investigacin. La ley la establece como condicin de procesabilidad, porque estima que en ciertos tipos penales media un inters personal de la vctima del ilcito, que puede verse vulnerado en forma ms grave con la investigacin que sin ella.

  • En tales casos, restringe la facultad investigativa, condicionndola a la previa formulacin de la querella, como medio de proteccin de este inters personal.
  • En este sentido, el artculo 1 de la Ley 81 de 1993, que modific el artculo 29 del Cdigo de Procedimiento Penal (C.P.P), enuncia que la querella y la peticin son condiciones de procesabilidad de la accin penal y sobre este instituto jurdico, esta Corporacin ya ha dicho lo siguiente : No obstante que el principio de oficiosidad es el dominante en el ordenamiento procesal penal, en algunos supuestos ste le da cabida a la querella y a la peticin como condiciones de procesabilidad (Ley 81 de 1993, art.1).

La exigencia de la querella, en los casos en los que el Legislador decide imponerla, opera como una barrera al ejercicio de la accin penal que, se remueve, a voluntad del agraviado o de su representante, cuando optan por hacer uso de ella. La institucin, de naturaleza excepcional, permite a la vctima o a su representante ponderar, desde su perspectiva personal y social, las ventajas y desventajas que le apareja el proceso penal.

Respecto de ciertos delitos, suele afirmarse, el escndalo pblico – strepitus fori -, puede generar en el sujeto pasivo ms perjuicios que los beneficios que cabe esperar de la sancin penal y de la sancin a los responsables. En otros casos, se alega, recrear los episodios dolorosos, slo aade intilmente frustracin y pesadumbre a quien injustamente los padeci.4.2 El querellante legtimo : Explicando el tenor literal del artculo 29 del C.

de P.P., modificado por el artculo 1 de la ley 81 de 1993, en la misma Sentencia se dijo : Cuando la ley exige la querella, el proceso slo se inicia si ella se interpone por el querellante legtimo, que normalmente coincide con el sujeto pasivo del hecho punible o su representante legal, si ste fuere incapaz o persona jurdica (C.

  • De P.P., art.30).
  • De carecer el incapaz de representante legal, la querella puede presentarse por el Defensor de familia o el respectivo agente del Ministerio Pblico, pudiendo instaurarse en este ltimo evento por el Defensor del pueblo (ibid., art.30).
  • Agrega la ley que los perjudicados directos estn legitimados para formular la querella cuando el sujeto pasivo estuviere imposibilitado para hacerlo y el autor o partcipe del hecho fuere representante legal del incapaz.

La ley dispone que el Ministerio Pblico est habilitado para formular la querella cuando el delito que la requiera afecte el inters pblico. El Defensor del pueblo, de otro lado, est legitimado para interponer la querella cuando el sujeto pasivo del hecho punible sea la sociedad y en los casos de inasistencia alimentaria.

De esta manera, normalmente el querellante legtimo es el titular del inters jurdicamente protegido por el tipo penal. Pero esta norma general admite las siguientes excepciones : – Si el titular del bien jurdico tutelado es incapaz, su representante legal es querellante legtimo. – Si es persona jurdica, lo ser, igualmente, el representante legal de la misma.

– Si el incapaz carece de representante legal, la querella puede ser interpuesta por el defensor de familia o el respectivo agente del Ministerio Pblico, pudiendo instaurarse tambin por el defensor del pueblo. – Si el titular del bien jurdico protegido, esto es el sujeto pasivo del delito, estuviere imposibilitado de interponer la querella, los perjudicados directos estn legitimados para formularla, lo cual tambin es autorizado cuando el autor o partcipe del hecho fuere el representante legal del incapaz.

– En el delito de inasistencia alimentaria, aparte de los lesionados por el punible, el defensor del pueblo est legitimado para formular la querella. – Por ltimo, el Ministerio Pblico est habilitado para formular la querella cuando el delito que la requiera afecte el inters pblico, y el defensor del pueblo lo puede hacer si el sujeto pasivo del ilcito es la sociedad.4.3 El bien jurdico tutelado y el querellante legtimo en los delitos pluriofensivos.

Como anteriormente se dijo, el legislador al organizar sistemticamente los delitos, acude a diversos criterios, uno de los cuales es el del bien o inters jurdicamente tutelado. Desde este punto de vista, los diversos delitos han sido catalogados por la doctrina como tipos penales simples o mono-ofensivos, y tipos penales complejos o pluriofensivos, segn tutelen, respectivamente, un nico bien jurdico, o amparen simultneamente varios.

  1. En estos ltimos, la persona que realiza la conducta descrita en el tipo penal, lesiona simultneamente varios intereses que el legislador concibe como dignos de tutela jurdica.
  2. No obstante, razones de tcnica legislativa impiden que la conducta descrita se inscriba simultneamente en varios captulos de la parte especial del Cdigo Penal.

El delito pluriofensivo es incorporado por el legislador en el estatuto penal, en el acpite correspondiente a uno de los varios intereses jurdicos que protege ; en aquel que, a juicio del legislador, es ms relevante en ese caso particular. A manera de ejemplo, el delito de concusin, que es catalogado por la ley como un delito contra la Administracin pblica, sin lugar a dudas lesiona tambin el patrimonio econmico de los particulares, toda vez que es descrito como la conducta que asume el servidor pblico de constreir o inducir a alguien, abusando de su cargo, a dar o a prometer al mismo servidor o a un tercero dinero o cualquier utilidad indebidos.

  1. No obstante, no se incluye en el acpite correspondiente a delitos contra el patrimonio econmico del Cdigo, sino que figura tan slo como delito contra la Administracin pblica.
  2. Sin embargo, esta circunstancia no puede impedir que cualquiera de los titulares de los diversos bienes jurdicamente protegidos sea considerado como querellante legtimo.

As lo ha definido la h. Corte Suprema de Justicia, que al respecto sent la jurisprudencia siguiente : La legitimidad de la querella no depende exclusivamente de que haya sido presentada por el representante del titular de un bien jurdico protegido, con prescindencia de otro, cuando el delito que da origen a ella es de aquellos que se consideran pluriofensivos.

  1. Por su parte, es verdad indiscutible que el artculo 23 del Cdigo de Procedimiento Penal define quienes tienen la calidad de querellantes legtimos y seala en relacin con este punto que posee tal categora el sujeto pasivo del hecho punible,
  2. Pues bien, esta referencia al sujeto pasivo de la infraccin es entendida por el demandante dentro de un restringido alcance, esto es, como aquella persona titular del bien jurdico protegido que, en el caso concreto de estudio, lo sera el Estado por ser l quien tiene inters principalsimo en una recta administracin de justicia, de donde se desprende que el querellante legtimo lo sera un funcionario del Estado – el libelista -, y no los particulares.

Debe anotarse, sin embargo, que si bien la ubicacin de los tipos penales dentro de la estructura del cdigo correspondiente orienta al intrprete en cuanto a las personsa que son principales titulares del derecho protegido, tal posicin dentro del articulado no entraa el desconocimiento de otros sujetos pasivos de la infraccin.

Existen, en verdad, descripciones tpicas que afectan diversos intereses jurdicos y como no procede – por razones de tcnica legislativa – su ubicacin dentro de varios ttulos o captulos del cdigo, el legislador mismo ha escogido su lugar dando prelacin a uno solo de los varios objetos jurdicos afectados.

Sobre este mismo punto ya haba tenido ocasin anterior de pronunciarse la misma Corporacin, cuando, en relacin con el delito de ejercicio arbitrario de las propias razones, dijo : Tratndose de los delitos contra la administracin de justicia – dentro de los cuales se ubica el descrito por el artculo 183 del Cdigo Penal – bajo la denominacin del Ejercicio arbitrario de las propias razones tinese en principio al Estado como titular de ese derecho, y por ende sujeto pasivo de la infraccin.

No obstante, consultando su naturaleza, fcil resulta comprender que es la norma del artculo 183 del Cdigo Penal descriptiva de una conducta pluriofensiva, pues si bien constituye lesin a la administracin de justicia el arbitrario ejercicio del derecho prescindiendo de la necesaria intervencin de la autoridad competente para dirimir el conflicto, ese derecho que se ejerce presupone por lo general la exixstencia de una persona que frente a l se halle obligada.

Si como persona ofendida, entonces, actu. emerge la conclusin de su legitimidad para querellar. De todo lo anterior puede concluirse que un delito pluriofensivo tiene tantos querellantes legtimos cuantos titulares de diversos intereses jurdicos protegidos se presenten.5.

  • El inters jurdicamente protegido y el querellante legtimo en el delito de urbanizador ilegal.
  • Determinado que los tipos penales pluriofensivos admiten una pluralidad de querellantes legtimos, encuentra la Corte necesario dilucidar si el delito de urbanizador ilegal es uno de ellos.
  • Para ello es preciso indagar cul fue la intencin del legislador al consagrar como delito la referida conducta.

En la exposicin de motivos al proyecto que devino en ley 308 de 1996, por medio de la cual se tipific penalmente tal conducta delictiva, se expresaron los siguientes conceptos : El Estado existe con el cometido de crear, proteger y mantener un adecuado nivel de vida para los ciudadanos.

  1. En nombre de este objetivo, detenta la capacidad para identificar las conductas dainas que ataquen una sociedad y sus dignas condiciones de vida.
  2. En el caso que esta exposicin de motivos contempla, pocas son las conductas nocivas de tan amplia resonancia en niveles colectivos y particulares.
  3. La accin del urbanizador pirata, que aprovechndose de una demanda creciente por vivienda construye en contrava de las mnimas normas de planeacin y de la capacidad de las redes de servicios pblicos, atenta en primera instancia contra el ciudadano desprotegido que se convierte en su cliente.

Pero el dao es mucho ms profundo : impide que la administracin racionalice el crecimiento de la ciudad, y multiplica los costos de cobertura de redes de servicios pblicos, sin contar con el impacto en las condiciones medio-ambientales. El urbanizador pirata es un enemigo de la ciudad, y de las condiciones de vida digna de todo un conglomerado.

  • Como razn final para promover la penalizacin de la conducta, es importante resaltar cmo el urbanizador ilegal usurpa una potestad de la administracin Municipal para regular el crecimiento y el desarrollo de las ciudades.
  • Este delincuente, en el estado actual de cosas, es quien ordena y regula por la fuerza de los hechos, lo que correspondera definir con un criterio de bien comn a la Administracin.

(subrayas fuera del texto) Por su parte, en la ponencia para segundo debate al mencionado proyecto se sostuvo, despus de un pormenorizado anlisis de la incidencia de la conducta que se pretenda penalizar en la planeacin y desarrollo ordenado de las grandes urbes, que en el tipo penal por crearse, en definitiva, el bien jurdico tutelado est en el orden econmico y social.

As las cosas, para la Corte es absolutamente claro que la intencin del legislador al consagrar como delito la conducta a que se refiere el artculo 367A del Cdigo Penal, fue la de proteger, simultneamente, los intereses particulares de las personas afectadas por los urbanizadores ilegales y el innegable inters pblico, radicado en cabeza de las autoridades municipales, de ejercer una adecuada planeacin, vigilancia y control del uso del suelo municipal, en aras del bien comn.

De esta manera la ubicacin del tipo penal dentro de los delitos contra el patrimonio econmico, ordenada justamente por las expresiones demandadas en esta causa, obedece simplemente a razones tcnico-legislativas y no permite concluir que no se tutele, aparte del patrimonio de los particulares, el inters pblico concretado en la adecuada planeacin urbana.

De aqu que, como una consecuencia de lo que antes se analiz referente a los delitos pluriofensivos, forzoso es concluir que si el tipo penal denominado urbanizador ilegal fue catalogado adems como de aquellos que requieren querella como requisito de procesabilidad, el querellante legtimo no lo ser exclusivamente el particular que vio afectados sus intereses a consecuencia de la negociacin adelantada con el urbanizador ilegal, sino, adicionalmente, el alcalde municipal.

A l, por mandato del Estatuto Superior, corresponde representar al Municipio judicial y extrajudicialmente ; Y si, de otra parte, al Concejo municipal corresponde reglamentar los usos del suelo y, dentro de los lmites que fije la ley, vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construccin y enajenacin de inmuebles destinados a vivienda, y al alcalde cumplir y hacer cumplir la Constitucin, la ley, los decretos del gobierno, las ordenanzas, y los acuerdos del concejo, es obvio que no slo est legitimado para presentar la querella referida, sino que adems est obligado a ello.

  1. Finalmente, no sobra recordar que al tenor de lo consagrado por el artculo 29 del C.P.P., modificado por el artculo 1 de la Ley 81 de 1993, cuando el delito que requiera querella afecte el inters pblico, el Ministerio Pblico podr formularla.
  2. Y que, por su parte, el artculo 30 del mismo ordenamiento en su tercer inciso expresa que El Defensor del Pueblo podr formular querella cuando el sujeto pasivo del hecho punible sea la sociedad.

De esta manera, el cargo segn el cual los intereses colectivos se ven desprotegidos por la inclusin del tipo penal de urbanizador ilegal como delito querellable, lesivo del patrimonio econmico, ser desechado por esta Corporacin, toda vez que tales intereses pueden ser defendidos no solamente por el alcalde municipal, sino, adicionalmente por el agente del Ministerio Publico y del Defensor del Pueblo, quienes, conjuntamente con el particular agraviado, son querellantes legtimos.

Una ltima precisin debe formular la Corte en relacin con el cargo esgrimido en el libelo demandatorio, segn el cual, como la querella puede ser desistida, y la estimacin de los perjuicios puede ser transigida o conciliada, esta posibilidad -la de que el delito sea desistido o conciliado- permite, al parecer del demandante, que entre el comprador y el constructor se decidan temas propios de planeacin municipal, lo cual contradice el artculo 313-7 de la Constitucin Poltica.

No le asiste en lo anterior razn al demandante, por cuanto, siendo el delito que se viene analizando, de aquellos pluriofensivos y, por ende, respecto de los cuales existen simultneamente varios querellantes legtimos, si uno de ellos desiste, este desistimiento no producir efectos legales mientras no halla sido ratificado por los dems querellantes ; y si son varios los ofendidos pero slo uno de ellos procedi a formular la respectiva querella, entonces su desistimiento no puede impedir que los otros presenten la suya, siempre que lo hagan dentro del trmino legal.

  1. De esta manera, no es posible que, mediando la querella de las autoridades que representan el inters pblico, el urbanizador ilegal y el comprador del inmueble decidan temas propios de planeacin municipal, como lo sugiere la demanda.
  2. Por las razones expuestas, la Corte considera que no contradicen la Constitucin Poltica las expresiones demandadas del artculo 2 de la Ley 308 de 1996, en virtud de las cuales el tipo penal de urbanizador ilegal es ubicado en el captulo de los delitos contra el patrimonio econmico que requieren de querella de parte como requisito de procesabilidad de la accin penal.

DECISION En mrito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, odo el concepto del seor Procurador General de Nacin, y cumplidos los trmites previstos por el Decreto 2067 de 1991, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitucin, RESUELVE : Declarar EXEQUIBLES las expresiones el captulo VII del ttulo XIV, el cual quedar inserto a continuacin del artculo 367 de la obra citada :, y Artculo 367A, contenidas en el artculo 2 de la Ley 308 de 1996.

¿Qué es una conducta punible?

Punible es un adjetivo que refiere a lo susceptible o merecedor de ser castigado, Un castigo, por otra parte, es una sanción o una pena que se aplica sobre quien incumplió una ley, una norma, etc. Esto quiere decir que una conducta punible es aquella que, por sus características, puede o debe recibir una punición. Que Significa Querella En Derecho Lo punible es susceptible de ser castigado.

¿Qué es mejor demanda o denuncia?

¿Tiene derecho a pensión si la empresa nunca lo vinculó a seguridad social? Aunque suelen confundirse, tienen alcances distintos y en jurisdicciones diferentes. Aunque algunas personas usan indistintamente los conceptos de denuncia y demanda, se trata de figuras con características y fines diferentes y, además, que no se atienden en las mismos ámbitos.

Mientras que la demanda se interpone en las jurisdicciones civil, laboral y administrativa, la denuncia y querella solo proceden en el ámbito penal. (Lea además: ¿Si su pareja está en etapa de embarazo, lo pueden despedir? ) Para aclarar más el tema, la demanda da inicio a un proceso judicial cuando se ha vulnerado algún derecho, y la denuncia da inicio a un proceso judicial por un hecho delictivo.

Las violaciones a la ley penal son las únicas que pueden considerarse delitos, es decir, no hay delitos civiles, laborales o administrativos. De ahí que resulte redundante hablar de que se instauró una “denuncia penal”, pues, por su naturaleza, todas las denuncias son penales, y se interponen ante autoridades como la Fiscalía o la Policía.

(Lea además: Si fui infiel, ¿tengo derecho a la mitad de los bienes en el divorcio? ) En contraste, la demanda es una petición formal y escrita sobre asuntos no penales que se presenta ante el juzgado competente en cada caso ( civil, laboral, administrativo, familia ), y tiene como objetivo de iniciar un proceso judicial y que se decida de manera definitiva un conflicto.

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¿Cómo se inicia una querella?

Para interponer denuncias y querellas únicamente es necesario: Presentarse el ofendido personalmente en los Centros de Atención Temprana de la Fiscalía General de Justicia del Estado con identificación oficial vigente.

¿Qué pasa cuando hay una denuncia penal?

¿ Qué pasa después de la denuncia? Cuando denunciás un delito, la policía va a informar tu caso al fiscal o al juez. La policía no decide el resultado del caso. El fiscal es el que va a determinar cómo sigue la investigación y el juez va a tomar las decisiones del caso.

¿Cuál es el procedimiento para hacer una denuncia?

¿Cómo inicio mi proceso? Dirigete a las autoridades correspondientes y relata qué fue lo que sucedió. Deberás brindar todos los detalles como lugar y hora, si hubo testigos, descripción de quien cometió el delito y si existen antecedentes de amenazas o agresiones con esta misma persona.

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