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Crisis por errores de cálculo

La crisis generada por las medidas restrictivas anunciadas por el presidente el miércoles 14 de abril, mostró su soledad política.

El DNU tenía como ámbito el AMBA (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), pero se transformó en un hecho político nacional. Desde el punto de vista territorial, el apoyo fue mínimo, aunque todas las provincias estaban invitadas a adherir. Sólo lo aplicaron tres: Catamarca, La Rioja y Formosa, y una cuarta (Santa Cruz) ya venía teniendo las clases en forma virtual. Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Entre Ríos y las demás rechazaron sumarse. Una actitud muy distinta a la que asumieron semanas atrás todos los gobernadores del PJ, cuando apoyaron todos al gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán, en su conflicto por el rechazo a sus medidas de confinamiento.

En los ministros del Poder Ejecutivo también predominó el silencio. Es más, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, y el ministro de Educación, Nicolás Trotta, fueron descolocados por un decreto que contradecía afirmaciones de ellos en las horas previas. Las figuras más importantes del oficialismo en el Congreso también eludieron el protagonismo en defensa del DNU de Alberto Fernández. Sólo el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió el decreto y su acatamiento en forma estricta. En el campo social, ninguna de las centrales sindicales lo apoyó, y tampoco lo hicieron las distintas expresiones de los movimientos sociales.

En los hechos, el kirchnerismo liderado por la vicepresidenta, y en el cual Kicillof es la figura más importante de política territorial, hizo una nueva demostración de poder. La actitud de Kicillof hizo evidente el origen político de la decisión. El silencio de la vicepresidenta la mostró, como otras veces, eludiendo costos políticos. El entorno del presidente, encabezado por su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se oponía al DNU pero no tuvo oportunidad de discutir el tema con Alberto Fernández. En una situación de aislamiento, éste optó por endurecer su discurso, llegando a amenazar a quienes intentaran una "rebelión" frente a las medidas más estrictas frente al Covid-19.

Es claro que hubo un error de cálculo respecto al impacto de las medidas en la población, y en especial frente al nuevo cierre de las escuelas, que se transformó en el "valor símbolo" del cuestionamiento al DNU. El presidente intentó que las Fuerzas Armadas participaran del control de la población en apoyo de las fuerzas de seguridad federales, pero le explicaron que esto no era posible de acuerdo al marco jurídico vigente: la Ley de Seguridad Interior exige el dictado del estado de sitio por el Congreso para autorizarlo. Los tres días posteriores a la firma del decreto (viernes 16, sábado 17 y domingo 18) se registró una fuerte caída de infectados -lo que es común porque sábado y domingo se testea menos- pero también de fallecidos.

En cuanto a la marcha de la vacunación, la demora en las dosis y los anuncios fallidos del Gobierno hacen que esta sea un problema político-social por sí misma. No parece claro lo que sucederá con el Covid-19 en los próximos días, pero sí que el oficialismo ha pagado un costo electoral a seis meses de la elección legislativa.

Pero esta crisis tuvo repercusiones importantes en el seno de la oposición, que recuperó protagonismo. Queriendo evitar que el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, recuperara protagonismo, Máximo Kirchner lo acusó de estar controlado por Mauricio Macri al asumir una postura "dura" frente a las restricciones, siguiendo al ex presidente.

El "ala dura" del PRO que expresa Patricia Bullrich, endureció una vez más su lenguaje frente al Gobierno, desde la Coalición Cívica que lidera Elisa Carrió se llamó a la "rebelión", y dentro del radicalismo, en general, se criticó la decisión del oficialismo, aunque con distinto énfasis. La reunión mantenida por Alberto Fernández y Rodríguez Larreta mostró claramente que no se pueden recrear las condiciones políticas que un año atrás permitieron el entendimiento entre ambos. Rodríguez Larreta endureció su lenguaje pero evitó llegar a situaciones de confrontación real. Recurrió a la Justicia para pedir la revocación del cierre de las escuelas.

En materia de seguridad, acordó que las fuerzas federales se limitaran a controlar los acceso a la Ciudad de Buenos Aires, pero no desplegarse dentro de ella. La noche del sábado 17 de abril, la policía porteña actuó contra los desórdenes frente a la Casa de Gobierno y también para cerrar los comercios gastronómicos que violaban las restricciones pasadas las 20 horas. En esta situación política, la oposición decidió suspender las líneas de cooperación en marcha con el Gobierno. La más destacada de ellas fueron las conversaciones para acordar la postergación de las PASO y la fecha de la elección de legisladores nacionales, que sin un acuerdo oficialismo-oposición no será aprobada en la Cámara Baja.

Pero también la Justicia ha confirmado su protagonismo político en esta crisis. El fallo de la segunda instancia de la Justicia porteña disponiendo la apertura de las escuelas, dio un giro a la crisis que favoreció al Jefe de Gobierno porteño, que las pudo abrir en la mañana del lunes 19. El Gobierno expresó su malestar a través del presidente, que calificó al fallo de "estrago jurídico", y el ministro de Justicia de "mamarracho", anunciando que irá a la Justicia Federal para pedir su anulación.

El paro convocado por tres de los gremios docentes porteños no parece ser suficiente para impedir las clases en CABA. Por su parte, en la provincia de Buenos Aires, Kicillof amenazó a las escuelas que abran con quitarles los subsidios y revocarles la habilitación. La Corte vuelve a mostrar que es un ámbito de administración de conflicto político y es visto por el oficialismo como un enemigo y por la oposición como un aliado. En este contexto, el Gobierno enfrenta limitaciones para sus objetivos en el ámbito judicial. El ministro de Justicia, Martín Soria, concurrirá esta semana a la Cámara de Diputados para retomar las gestiones para acordar con la oposición la reforma del régimen de designación y reemplazo del Procurador, algo que no logrará en el actual contexto político.

El intento de desplazar al juez Gustavo Hornos de su titularidad de la Cámara de Casación, se ha visto frenado. Ello no impide que el Gobierno no tenga decisiones judiciales favorables, como la absolución de Cristina y sus funcionarios en la causa del dólar futuro o la decisión del juez kirchnerista Alejo Ramos Padilla de rechazar la impugnación de Duhalde contra la candidatura de Máximo Kirchner para presidir el PJ bonaerense por falta del tiempo de afiliación necesaria. En el ámbito internacional, el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán, finaliza su gira sin haber logrado el acuerdo que buscaba para postergar el vencimiento de la deuda con el Club de París, el que exige que antes acuerde con el Fondo Monetario Internacional. En este contexto, la Argentina se encamina a postergar los acuerdos sobre la deuda para después de la elección. Es lo que pretendía la vicepresidenta, que ha logrado imponer su punto de vista sobre el del presidente y su ministro.

Fuente: http://www.nuevamayoria.com

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